Los compañeros de Cándido Conde-Pumpido no dan crédito a la reacción del presidente del Tribunal Constitucional. "Ha colaborado activamente en la redacción de la Ley de amnistía; está generando una situación que denigra el estado de derecho; sabe perfectamente el motivo por el que lo hace; y encima pretende que le reconozcamos como un gran jurista", señala una persona conocedora del día a día del TC.
Y es que, como señala esta misma fuente, Pumpido "es un enorme narcisista y cree que debemos reconocerle como un gran jurista pese a la barbaridad que está cometiendo". "Le molesta que le llevemos la contraria", añaden. Y el clima solo puede ir a peor después de la detención de su hijo tras ser acusado de violación en grupo y puesto inmediatamente en libertad sin medidas cautelares por una juez antiguo cargo del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Lo cierto es que la decisión de Pedro Sánchez de respaldar a toda costa la amnistía y de Cándido Conde-Pumpido de maquinar para conseguir hacerle hueco a empujones en la Constitución Española, está generando un choque sin precedentes en el TC y entre las distintas instituciones. Y los magistrados del tribunal de garantías constitucionales viven esta situación día a día.
"La tensión es fuerte. Pumpido ha impuesto sus tesis en el bloque progresista y considera que todos los demás debemos asumir igualmente su ley de amnistía aunque con ello ponga en jaque todo el estado de derecho". Es más, cree que "no acatar sus tesis es poner en duda el criterio que él tiene de sí mismo como gran jurista".
Lo cierto es que Pumpido siempre ha tenido un elevado concepto de sí mismo. "Conde-Pumpido considera que en su etapa como fiscal general del Estado con el PSOE contribuyó decisivamente a terminar con el terrorismo de ETA y ahora tiene el propósito de solucionar el problema del independentismo de Cataluña", explicaron ya hace tiempo a LD algunos de sus compañeros.
Pero quizás lo más relevante sea la capacidad de retorcimiento jurídico que ya ha demostrado Conde-Pumpido: fue él quien, en pleno alto el fuego de la banda terrorista ETA en el año 2006, acuñó la polémica frase de que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". En esa época, el Ministerio Público que dirigía "suavizó" su postura penal respecto a los etarras y esa actitud fue clave para garantizar la entrada de Sortu y Bildu en las instituciones.
Igual de reveladora fue la pregunta que según un abogado de la AVT efectuó el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, en mayo de 2005 durante la vistilla posterior a su detención tras escuchar la petición de prisión incondicional formulada por el fiscal de la Audiencia Nacional. "Me parece increíble. ¿Esto lo sabe Conde-Pumpido? (el fiscal general del Estado)", habría afirmado Otegi. Una frase que da muestra de la implicación directa de Conde-Pumpido en la negociación política del Gobierno de Zapatero con ETA.
Reacción de la APM y el CGPJ
Y ahora el reto de Pumpido ha conseguido ya la descalificación en pleno de la APM y de un escrito impulsado por ocho vocales del CGPJ, donde se señala que su amnistía supone un jaque al Estado de derecho en pleno.
Hay que destacar que en esos pronunciamientos se apunta a la violación de la pluralidad política, al haber señalado ya el presidente del Gobierno el 28 de octubre "que ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida" y que "lo hace en interés de España para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".
Se señala igualmente que "la futura Ley de amnistía se tramitará como proposición de ley", eludiendo "la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención". "Esa medida supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España". Que "impedir la acción en curso de los tribunales o sentencias firmes es rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho (artículo 1 de nuestra Constitución)".
Que "no es compatible con el principio de responsabilidad de los poderes públicos (artículo 9.3) que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales". Que "supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos […] y contraviene el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley (artículo 14 de la Constitución)". Que "se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico". Y que "se violenta no sólo la Constitución, sino también los compromiso asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea (principios de Estado de derecho e independencia judicial)".